La viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha denunciado que la Xunta ha sacado a licitación por 7,5 millones de euros el contrato para la gestión de los cinco centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual que la administración autonómica prevé que entren en funcionamiento en el último trimestre del año. Olalla Rodil cuestiona cuál es "el límite moral" del PP y pide que "frene este proceso" y garantice su gestión pública.

La acusación particular ejercida por la propia menor víctima de los abusos sexuales por los que fue condenado a cinco años de prisión el educador, exmarido de la en ese momento vicepresidenta del Consell, ya ha presentado su escrito de acusación. En él solicita penas de tres años y medio de cárcel para Oltra y doce años de inhabilitación.

Bolaños, en su defensa de una ciudadana llamada Begoña Gómez, se hizo un Maradona y no tuvo empacho en tocar balón con la mano para intentar meter el gol de relato que buscaba. Hay muchos que parecen no haber visto la mano de Bolaños pero lo cierto es que en sus declaraciones pisó casi todas las líneas rojas que un ministro del ramo no debería pisar jamás. No está escrito pero los ministros de Justicia no ejercen de abogados de parte, no valoran y deciden sobre procedimientos en curso ni atacan frontalmente actuaciones judiciales

Podemos ha acusado al PSOE de ser "cómplice del lawfare' al pactar con el PP la renovación del CGPJ y el proyecto de ley para reformar la ley orgánica que rige el Poder Judicial y ha advertido a los socialistas que se equivocan si piensan que con este acuerdo pueden "comprar paz a cambio de rendición", dado que los jueces reaccionarios están "crecidos". Par podemos el consenso entre PSOE y PP supone, a su juicio, la vuelta de una "gran coalición" con el que se "blanquea el lawfare" y se cede el Poder Judicial al "bloque reaccionario".

Lo había avanzado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: cuatro de cada diez víctimas de delitos sexuales son menores. Casi dos de cada diez no alcanzan siquiera los 14 años. En total, según el Informe sobre ataques a la libertad sexual publicado este viernes, en 2023 se produjeron 21.580 delitos sexuales. Nunca, desde que se publica este trabajo en 2017, había habido tantos. Fueron un 14,8% más que en 2022; un 144% que en 2013, tal y como ha señalado Marlaska.

Esta no es la primera recusación que enfrenta el juez Aguirre, ya en anteriores casos este había sido recusado sin éxito por parte de las defensas de los habituales investigados en sus causas. Con la apertura de la nueva causa que busca esquivar el dictamen que estableció la Audiencia Provincial de Barcelona (AP), determinados recursos que tienen a su disposición las defensas de aquellos investigados vuelven a estar disponibles, siendo uno de ellos, la recusación. Esta consiste en apartar al magistrado, en este caso el juez Aguirre...

La exoneración del acosador Miguel Frontera lanza, por un lado, un mensaje nítido a cualquier fascista que quiera ejercer la violencia contra aquellos que no piensan como él: "Podéis hacerlo con total tranquilidad y con la garantía de que vais a quedar impunes", Significa también la legitimación judicial de la violencia política en España y es, por tanto, el fin de la democracia.

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgan

Uno de los dos DNI del juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, coincide con el de otro ciudadano español J.M.G.M. Es decir, Juan Carlos Peinado y otro ciudadano comparten número y letra (W) de DNI.

Ante los audios publicados por Diario.Red, es inevitable preguntarse si el juez Joaquín Aguirre ha cometido el delito de prevaricación judicial o si la cosa se va a quedar solamente en lawfare . Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/exclusiva-audios-juez-joaquin-aguirre-ley

El magistrado Joaquín Aguirre fue grabado hablando con otras personas en dependencias judiciales mientras se refería a la supuesta trama rusa del Procés en unos términos que evidencian claramente el sesgo político de la instrucción que está llevando a cabo.

La enmienda fue propuesta debido a que incluso el presidente Joe Biden y funcionarios del Gobierno han usado las cifras de víctimas brindadas por el grupo terrorista en diversas declaraciones. El representante demócrata por Florida manifestó que "el Ministerio de Salud de Gaza es el Ministerio de Salud de Hamás". Y agregó que el fin del grupo terrorista palestino “es vender propaganda al pueblo estadounidense, vender propaganda al mundo". “Hamás no es una fuente creíble”, sentenció.

Dos recientes fallos judiciales contra la misma entidad bancaria (Unicaja) han establecido en los últimos días un notable precedente en la protección de los consumidores frente a las ciberestafas bancarias. Los mismos no sólo obligan a Unicaja a devolver el dinero estafado, sino también a revisar y mejorar sus protocolos de seguridad para proteger mejor a sus clientes. Y es que la responsabilidad de prevenir fraudes no debe recaer únicamente en los consumidores...

«El auto carece de cualquier razonamiento jurídico», dijo contundente la Fiscalía, que desmontaba la denuncia del grupo ultra por tener «un relato insuficiente y carente de la más mínima precisión». Según la Fiscalía, ni la denuncia ni el auto del magistrado justifican el delito de tráfico de influencias porque las cartas de apoyo firmadas por la esposa de Pedro Sánchez son «un trámite usual en los procedimientos administrativos en cuestión»

Son muy pocos los jueces y juezas apartados de la carrera judicial por condenas merecidas por infringir el Código Penal y, en especial, por prevaricar en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso". Según datos del CGPJ, en los últimos años ha sido media docena de jueces apartados.

Los votantes de Sumar son los más críticos con la justicia y su utilización política, mientras los del PP son los únicos que muestran una confianza en los jueces superior al 50%

El testimonio ha sido conseguido por Jorge Albertini, abogado de la víctima de la violación de Igualada, y comienza así: "No entiendo cómo el Ministerio Fiscal o el Estado puede permitir que un salvaje de esta magnitud haya permanecido en la calle aún estando en libertad vigilada. Después de tener antecedentes y pensar que con un simple curso psiquiátrico y desintoxicación se reinsertara en la sociedad...".