La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado este martes investigar la querella por torturas que Jordi Ros, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo por la Audiencia Nacional, presentó contra los 11 guardias civiles que lo detuvieron en septiembre de 2019 y custodiaron su traslado a Madrid. El tribunal considera que se trata de hechos “graves” que pueden suponer la vulneración de derechos fundamentales y por tanto han de ser investigados.

El incidente se produjo en A Coruña, donde paró a este vecino de Oleiros en febrero de 2020. Condenan al agente a indemnizarlo con 300 euros.

Diversas organizaciones exigen acabar con la ley que les prohíbe afiliarse a sindicatos interprofesionales y de clase porque no están formados exclusivamente por policías. En ARP sostienen que más del 90% de las organizaciones sindicales de la Policía Nacional ya están vinculadas a la extrema derecha. "Hay que cambiar esto con la presencia de los sindicatos de clase para que haya neutralidad y una responsabilidad sindical. Hay una necesidad imperiosa de reformar esto por el bien del país, de los contribuyentes.

El abogado de un narco ha presentado la recusación por afinidad de la magistrada con la Guardia Civil

Cuando uno de los agentes comenzó a presentar declaración, un abogado defensor vio que la magistrada llevaba en el brazo una pulsera con el emblema de la Guardia Civil, según detalla 'Diario de Cádiz'. Fuentes consultadas por el citado medio explican que esa pulsera incluía un distintivo del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad a la que pertenecía David Pérez, uno de los agentes asesinados en Barbate.

En medio de la grave crisis de personal, crece el malestar entre los agentes de la Guardia Civil en Ibiza y Formentera debido a las diferencias salariales significativas entre los agentes destinados en la isla y aquellos que son enviados temporalmente desde otras partes del país y que cobran las dietas.

La investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entró el miércoles en una segunda fase al marcar los jueces de la Audiencia Provincial hasta donde alcanza la denuncia de Manos Limpias para investigar. Y de todos los supuestos indicios presentados por el pseudosindicato solo se salvan las dos copias de una carta-tipo en la que Begoña Gómez estampó su firma recomendando a una UTE de empresas que finalmente consiguieron dos contratos públicos.

El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha manifestado en su informe final del juicio contra la cúpula de UGT-A que el sindicato usó de modo «genérico» su «mecanismo de facturas falsas» hasta convertirlo en una herramienta «transversal».Soto dice que hay «indicios sobrados» de que implantaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza y critica que una organización destinada a «defender y ayudar a trabajadores y desfavorecidos actuasen de esta manera y costeasen incluso «fiestas» con cargo a fondos públicos

Los primeros sancionados son una empresa y un particular que proporcionaba esta información a más de 15.000 personas en Galicia.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga un supuesto tráfico de influencias con la participación de Begoña Gómez, encargó un informe a la Guardia Civil sobre las afirmaciones recogidas en la querella de Manos Limpias. Después de que la unidad de élite del instituto armado le aportara un informe de 160 páginas en el que concluía que no hay indicios de delito en la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, el mismo juez ha requerido a los guardias civiles para que le entreguen esos expedientes que han examinado (...)

Un hombre permanece desde la noche de este lunes atrincherado con una escopeta en su casa de Campillo (Málaga), donde la Guardia Civil trata desde hace horas que deponga su actitud. Fuentes cercanas a la investigación han explicado a EFE que el hombre, de 37 años y nacionalidad española, se parapetó en su domicilio, situado en la calle Campos Moreno, sobre las 23:30 horas.

Marta ha pasado de detener a los peores yihadistas a mediar en riñas de bar y lindes; de la élite de la investigación en la Guardia Civil a seguridad ciudadana en un pueblo de 800 habitantes de Burgos, un destino forzoso, un castigo, «una condena» que arrastra desde que llegó en 2018 a la Comandancia de Pontevedra, la que creía que iba a ser su casa. El cambio de trabajo, con todo, no es lo que la angustia: sus hijos de 4 y 7 años, están a más de 500 kilómetros. Su futuro profesional pende de un hilo y un juzgado militar la investiga tras denun

La autoridad, además, reclamó el cese inmediato de los ataques rusos contra objetivos civiles, reivindicando que tanto la población como la infraestructura civil deben ser protegidos. “Dirigir intencionalmente un ataque contra infraestructura civil está estrictamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario”, recordó la representante de Naciones Unidas.

La sagacidad de un agente de la Guardia Civil franco de servicio ha permitido esclarecer el robo de un vehículo en Valencia y resolver un caso que, además, supondrá la expulsión de España de dos de sus ocupantes, que residen ilegalmente en el país y sobre los que pesa un expediente abierto para su marcha.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha frenado las pretensiones del Puerto de Cartagena de ampliar sus instalaciones con la construcción del Gorguel... «El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado carpetazo a uno de los proyectos más importantes para el futuro de la Región de Murcia», dijo López Miras, que remarcó que Barlomar no es sustitutivo y al que pretenden someter a unas exigencias que lo hacen inviable...