Una mujer ha fallecido y otras 27 personas han resultado heridas, tres de ellas graves y 24 leves, por inhalación de humo, en un incendio registrado esta madrugada en una residencia de la tercera edad ubicada en Valdesoto, en Siero,en la que había un centenar de personas. La residencia consta de dos edificaciones: Una construcción de dos alturas que no estuvo afectada por el incendio y el inmueble de tres plantas donde se originó el fuego. Los otros 74 residentes de este centro de Valdesoto, que no se vieron afectados por el incendio.

A sus 95 años, la mujer tuvo que ser internada en una residencia con un grado máximo de dependencia y su familia se vio en la obligación de poner en alquiler el inmueble para poder hacer frente a todos los gastos. Lo curioso de todo este asunto es el perfil de los okupas: una pareja de empresarios que lleva a su hijo mayor a una de las mejores universidades privadas de Madrid y a su hija pequeña a un colegio, también privado, no apto para todos los bolsillos.

Aceptar una plaza en una residencia privada supone un desembolso económico que duplica con creces el importe de la pensión de jubilación media en Lugo, fijada este año y tras la subida en 912 euros. Pensión que, en el caso de las mujeres -la mayoría de las usuarias de las residencias- todavía es mayor. Esta situación obliga a los dependientes y a sus familias a tirar de los ahorros, en caso de que los haya.

En el protocolo de residencias, quedaban excluidas aquellas personas que solo se consideraban unas cargas para la sociedad y que producían gasto, las que no podían levantar la voz, las que no tenían voz con la que clamar ante la opinión pública

La parlamentaria del BNG ha explicado que el personal del centro, que se ve "sobrecargado", cuenta que "algunos usuarios bajan sin asearse a almorzar o, directamente, ya no bajan porque solo dos auxiliares deben levantar, asear y vestir a un total de 30 residentes dependientes". "Reúnanse con la empresa y los representantes de los trabajadores", ha solicitado Rodil a la secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social, María Francisca Gómez Santos.

La mujer, investigada por presuntamente asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos, entregó dos días después del crimen y horas antes de ser detenida su currículum para trabajar en una residencia de mayores en el municipio toledano de Bargas.

La Fiscalía ha pedido 5 años de cárcel para la gerente de una residencia de ancianos, a la que se acusa de apropiación indebida y agravada, y para un hombre acusado de estafa agravada de la que fue víctima una anciana que sufría deterioro mental. En el caso del hombre se solicita la devolución de 22.200 euros, mientras que a la mujer se le reclaman 222.000, cantidades de las que se apropiaron aprovechándose del deterioro mental de una anciana ingresada en una residencia situada en Candelaria (Tenerife)

Un matrimonio catalán ha dejado una importante huella económica tras su muerte. Joan Bonada y Núria Enrich era una pareja de catalanes que consiguieron ganar mucho dinero gracias a la creación de un negocio de imprenta en Venezuela, todavía en funcionamiento. La pareja ha decidido dejar siete millones de euros como herencia al Hospital de la Cerdanya y a una residencia de ancianos de Puigcerdá (Girona).

«El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados», explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Para la organización de defensa de los derechos humanos, es necesaria la reapertura de los casos..

El 18 de marzo de 2020, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso daba luz verde al texto sobre el que cimentaría uno de los mayores escándalos de la gestión de la pandemia sanitaria. El Protocolo de la vergüenza encerraba un propósito demoledor: bloquear el traslado hospitalario de miles de mayores enfermos que vivían en residencias. "Hoy hace 1.000 días que el Gobierno Ayuso aprobó el Protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. 7.291 murieron sin recibir atención médica (5.795 con covid)".

El director de este centro calcula que, como mucho, de los cien mayores que viven allí solo doce se irán con sus familias a pasar la Navidad y suplica que se les escriban felicitaciones...

Los motivos esgrimidos por parte de la consejería son incumplimientos reiterados de la normativa, al carecer de director, no contar con personal específico de limpieza y no tener reglamento de régimen interior visado. De ejecutarse el cierre, se trataría la segunda clausura de un centro geriátrico de mayores en el Principado este año, tras la residencia de La Pedrera, en Gijón.

...En su resolución, el juez llega a afirmar que, a la vista del informe pericial, "la derivación o no de la paciente a un centro hospitalario en ningún caso influyó en su fallecimiento: no lo hubiese evitado de ningún modo". Añade que aún entendiendo que pudiera haber existido un "nexo causal-natural" entre la conducta de los denunciados y la muerte de la mujer -algo que en principio rechazaba un informe pericial-, en ningún caso ello acredita que lo ocurrido fuera fruto de la dejación, abandono, descuido o de absoluta impericia de los respo..

“Tengamos memoria. Hoy hace 969 días que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó los ‘protocolos de la muerte’ que impedían llevar a los miles y miles de residentes mayores infectados por coronavirus -y que tenían dependencia-, a los hospitales públicos. Pero mira por dónde, si tenían un seguro privado, sí les sacaban de las residencias. Por ello, vamos a rendir un fuerte homenaje a todos los que fallecieron injustamente en la pandemia del coronavirus”.

El brote, declarado en agosto, parece haber tenido un primer caso de sarna en junio, afectando a una usuaria que falleció en el hospital en julio. La Consellería de Política Social, tras el requerimiento de Galiciapress, insiste en que actuó "como corresponde" en el brote de sarna que afectó, según las cuentas oficiales, a dos usuarios del centro.

No han pasado ni dos años desde ese dramático enero de 2021 en el que murieron 788 personas en las residencias de mayores de España por causa de la COVID-19. Entonces (y ya con anterioridad), los gobiernos autonómicos intervenían de urgencia estos centros y prometían cambios estructurales en el sistema cuando la tragedia diera un respiro. Pero lo que hoy es perentorio, rápidamente se torna en postergable. Las promesas y necesidades apremiantes languidecen con pasmosa celeridad, nuevos problemas desplazan a los anteriores.

Los trabajos de reconstrucción del viejo edificio del Hospital de Galeras ya han comenzado. La previsión es que el centro sanitario funcione a partir del curso 25-26 como residencia de estudiantes con un total de 400 habitaciones individuales. El nuevo equipamiento funcionará también como hotel, fundamentalmente durante los veranos.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha ordenado este jueves la repetición del juicio contra Rigo, el anciano que fue absuelto de homicidio tras matar a tiros a un ladrón que entró a robar en su finca rústica de Porreres en 2018. El tribunal ha declarado ahora nula la sentencia que absolvió al hombre al considerar que durante el veredicto del jurado popular y sus mayorías necesarias se cometió una infracción de normas esenciales de procedimiento causantes de indefensión. Por ello, ordena repetir el

El TSJB entiende que se produjo una «infracción de normas esenciales de procedimiento causantes de indefensión» ya que no había una mayoría necesaria

Que un colaborador de un debate le tenga que decir a la presentadora "no me líes" cuando esta intenta responsabilizar a Pablo Iglesias de la muerte de los ancianos en las residencias (por la no medicalización y la no derivación), explica el Lawfare...

Esta anciana fue una de las líderes de las manifestaciones contra la guerra de Vietnam en 1968 cuando era estudiante en la prestigiosa Universidad de Columbia. Hoy regresó al mismo lugar 56 años después para decir: "Palestina debe ser libre".

El TSJ valenciano desestima el recurso del matriculado en la Universidad Miguel Hernández de Elche y avala la decisión de no prorrogarle el permiso de estancia por estudios