El 18 de marzo de 2020, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso daba luz verde al texto sobre el que cimentaría uno de los mayores escándalos de la gestión de la pandemia sanitaria. El Protocolo de la vergüenza encerraba un propósito demoledor: bloquear el traslado hospitalario de miles de mayores enfermos que vivían en residencias. "Hoy hace 1.000 días que el Gobierno Ayuso aprobó el Protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. 7.291 murieron sin recibir atención médica (5.795 con covid)".
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