Fenosa fue el resultado de la fusión forzada de la Fábrica de Gas y Electricidad, propiedad de Pedro Barrié de la Maza, empresario de afinidad franquista que impulsó la entrega del Pazo de Meirás a Franco, con Electra Popular Coruñesa, arrebatada al empresario y político José Miñones, fusilado por los fascistas a finales de 1936 después de que le expropiasen todas sus empresas. El título de Conde de Fenosa le fue concedido por Franco a Barrié años después.

La poliomielitis marcó la vida de unos 50.000 españoles que, en uno de los episodios más oscuros de la sanidad franquista, no recibieron una vacuna que habría cambiado su vida. Siempre se han quejado de que habían caído en el olvido. El texto reconoce a los afectados como víctimas e incluye un "reconocimiento institucional y moral" a la "demanda de verdad" que desde hace años exige el colectivo. "Aunque ya hemos conseguido la verdad, nos falta la justicia y la reparación", puntualizan las asociaciones.

La nueva ley dispone en su disposición adicional octava una regla que permite la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia.

Hemos visto cómo la derecha -Vox, PP y Ciudadanos- han arremetido contra la Ley de la Memoria Democrática (en adelante LMD) con ocasión de la celebración del 25 aniversario de la muerte del concejal Miguel Ángel Blanco. Y el presidente del PP ha dicho que derogará esta ley si llega al Gobierno. Han mezclado churras con merinas, pues la ley se refiere a las víctimas de la represión franquista, que nada tienen que ver con las víctimas de ETA, desaparecida hace ya más de veinte años. Para remate del aniversario el juez García Castellón, amonestado

El arzobispo de València advierte de las "libertades sin norte" que están "quebrando nuestra sociedad" y que "aún se quebrará más si no se pone remedio".

Los almirantes de la Armada Española Churruca, Gravina y Cerveza, que defendieron los intereses de España a principios y finales del siglo XIX en la batalla de Trafalgar y en la guerra de Cuba, ya no son calificados de franquistas, después de que esta semana hayan salido del Censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas de la ley de memoria democrática de las Islas Baleares.

Hay tres aspectos clave que no han sido incluidos: la consideración de víctimas a los familiares hasta cuarto grado, no hay mención explícita de la intervención del Estado en todo el “fenómeno” y debe contemplarse que en esas apropiaciones no había en absoluto conocimiento, por parte de los progenitores, de que se podría estar produciendo un hecho ilegal.

Finalmente, la nueva Ley de Memoria Democrática no tipificará como delito la apología del franquismo. A pesar de que tanto el Gobierno como el PSOE habían insistido en los últimos meses en que la norma introduciría este nuevo ilícito en el Código Penal.

Con la Ley de Memoria Democrática, los restos del fundador de Falange Española deberían pasar del altar mayor de la basílica a las criptas, pero fuentes del Ejecutivo explican que su familia ya manifestó su intención de sacarlo de Cuelgamuros.

La ARMH, el Foro por la Memoria y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina defienden que en España hay unas víctimas de primera y otras de tercera, condenan que el Estado no se haga cargo de forma directa de las exhumaciones y reclaman que Ley debería estar orientada a reconocer la tutela judicial efectiva de los represaliados.

Actualmente, en el Parlamento español hay dos leyes en tramitación relacionadas con las personas desaparecidas: El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (donde también se incluye a otras víctimas del franquismo) y La Proposición de Ley de bebés robados en el Estado español. La primera es una iniciativa del propio Gobierno; la segunda se impulsa y promociona como iniciativa de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo-CeAqua en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno garantiza que con la futura Ley de Memoria Democrática se podrán investigar delitos cometidos entre el inicio de la Guerra Civil, en julio de 1936, y la entrada en vigor de la Constitución, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1978, pero no aclara si está en sus planes retocar la Ley de Amnistía de 1977, que hasta ahora han esgrimido los tribunales para frenar esas investigaciones que han intentado impulsar víctimas de la represión franquista.

Tres jóvenes antifascistas, procedentes de sendas localidades vecinas de Valencia, fueron detenidos en la tarde del lunes cuando huían de un grupo de ultraderecha que los perseguía, en las proximidades del barrio de Benimaclet, según declaró a Público su abogado. Todo apunta, según testigos, que los chicos tuvieron un encontronazo en una de las calles con un grupo muy numeroso de ultras que acudían a la manifestación prevista a las siete de la tarde, optando por salir corriendo y huir, hasta que fueron detenidos.

Lucio es una de las personas a las que la nueva Ley de Memoria Democrática le va a cambiar la vida. Su sentencia durante el franquismo va a quedar anulada. Fue condenado -sin derecho a defensa- a seis años de cárcel por pertenecer un movimiento sindical. Unos antecedentes que -a día de hoy- le han supuesto problemas incluso para viajar. Luicio de la Nava fue condenado a ocho años de cárcel en 1962 por pertenecer a un movimiento sindical y todavía hoy aparece en los archivos policiales como terrorista.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que, entre otras cosas, contemplará la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos; o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad español.

La nueva Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto ha aprobado hoy el Consejo de Ministros prevé declarar "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y dotar al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes.

El próximo martes, la Vicepresidencia Primera, Carmen Calvo, presentará la futura Ley de Memoria Democrática en el Consejo de Ministros. Santiago Cantera y los benedictinos no saldrán, por el momento, del Valle de los Caídos, pero dejarán de percibir subvenciones al suprimir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos "por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales".

El Gobierno ultima la propuesta de Ley de Memoria Histórica que llevará al Congreso, que en un planteamiento inicial incluye facilitar las exhumaciones de víctimas del franquismo que permanecen en fosas comunes o la prohibición de actividades de exaltación y enaltecimiento del franquismo como la que realizan entidades como la Fundación Franco, que debería verse obligada a modificar sus estatutos o a desaparecer.

Vox ha presentado una pregunta para el Consell acerca de la aplicación de la Ley de memoria democrática interesándose si su aplicación llega "a todos los casos, y en todos sus términos, sin excepción de españoles caídos en la Guerra Civil en ambos bandos de la contienda". Sin mencionarlo expresamente con la pregunta se refiere a si se se aplica la ley "en todos sus términos", es decir, si también se destinan ayudas y subvenciones, "sin excepción de españoles caídos... en ambos bandos de la contienda",

Ironías de la historia, la Ley de Amnistía acabo siendo utilizada para lo contrario de lo que pretendía, si su objetivo era amparar legalmente la lucha por la libertad, su perversa utilización posterior garantizaba la impunidad de la dictadura y su maquinaria de represión.Era la coartada perfecta: una ley ideada para despenalizar la lucha por la democracia se acababa convirtiendo en garantía de impunidad. Cruel ironía. Amnistía legal para 40 años de dictadura y 40 años de amnesia oficial. Una ley pensada para la libertad,acababa siendo una ley

El PCPE dice que el Gobierno PSOE-Sumar y los sindicatos CC.OO y UGT ‘permiten la entrada a los fondos buitres. Con los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), ‘se transfieren parte de las cotizaciones sociales, disminuyendo la base de cotización para la pensión pública, a un plan de pensiones de empleo, es decir, un plan de pensiones privado de capitalización, sin que esto mejore el bienestar en la vejez de las trabajadoras de salarios bajos y medios, ni de los y las jóvenes precarios’.

La reforma de la ley impulsada por Irene Montero también elimina el periodo de reflexión y la obligación de informar sobre ayudas a la maternidad.

El abogado de Puigdemont responde con un escrito en el que asegura que el Tribunal de Cuentas "no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" por la ley de amnistía.

El carácter de urgencia para el debate, aprobado por la mayoría conservadora de la Cámara Baja, permitirá que el proyecto tramite con más celeridad y llegue directamente al pleno de los diputados. En Brasil, según las normas actuales, el aborto es legal solo en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto, aunque la derecha y las influyentes iglesias evangelistas bregan en el Parlamento para endurecer esas condiciones. Según el proyecto del diputado Cavalcante, en caso de que un aborto sea realizado pasadas las 22

En Argentina, el Gobierno de Javier Milei logró ayer que se aprobase en el Senado una ley fundamental para este gabinete, la ley de 'Bases y Puntos de Partida

En medio de la sesión por el proyecto de Ley Bases en el Senado, se registran graves incidentes en las inmediaciones del Congreso. Los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes ocurrieron pasado el mediodía, cuando incluso legisladores peronistas se vieron afectados por gas pimientas. Pero la tensión creció ya en horas de la tarde, pasadas las 15:30. Fue cuando llegaron las principales columnas de movimientos de izquierda y manifestantes arrojaron bombas molotov y piedras.

El presidente del Gobierno confirma que antes de que termine julio presentará en el Congreso un paquete de medidas de “calidad democrática”.

La legislación española actualmente recoge dos delitos, el de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, que pueden llegar a penas de prisión de dos años en el primer caso y seis meses en el segundo.

El instructor del tribunal da cinco días a las partes para informar sobre la Ley de Amnistía y comunica a la Policía que la orden de detención de Puigdemont sigue activa.