La legislación española actualmente recoge dos delitos, el de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, que pueden llegar a penas de prisión de dos años en el primer caso y seis meses en el segundo.
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Eso es lo que debían solucionar, que es el problema real, en vez de perder el tiempo con lo de los ocupas, que ya está más que regulado y no afecta a casi nadie.