Las socimi Primero H nace con vocación de alquiler viviendas con rentas sociales a personas vulnerables. El pasado 4 de marzo, asistí a la presentación del proyecto de socimi Primero H, promovido por Fundación Red de apoyo para la Integración Sociolaboral (Fundación RAIS), bajo la marca de acción Hogar Sí. Intervinieron Marian Juste Picón, como Presidenta de la Fundación, persona con larga experiencia en gestión social, tanto desde la esfera de la acción Pública (en Chile) como desde la empresarial, siendo actualmente también directora de Posi

Documental que reflexiona sobre el derecho a la vivienda con el testimonio de familias vulnerables, expertos, responsables del sector financiero y políticos. El reportaje también expone el ejemplo de Viena, la ciudad con el mayor parque de vivienda pública de Europa.

PSOE y Unidas Podemos retomarán este jueves las negociaciones para la futura ley de vivienda tras acercar posturas durante los últimos días en lo relativo a los objetivos, como es la regulación de los alquileres, la alternativa habitacional frente a los desahucios o la ampliación del parque de vivienda pública, pero con propuestas antagónicas sobre los mecanismos para llevar a cabo estas medidas. El principal escollo tiene que ver con el papel que jugarán los grandes tenedores, pues sobre ellos se pretende descargar la mayor parte de la futura

El País Vasco ha creado un parque público de 25.000 viviendas en alquiler con políticas defendidas a largo plazo.El hito llegó en 2015 cuando se aprobó una ley que establece que la vivienda es un derecho subjetivo de todos sus ciudadanos

La proposición del ala morada del Gobierno de obligar a los grandes tenedores a destinar el 30% de sus propiedades al alquiler social podría traer un alud de demandas al Estado

La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la "emergencia habitacional" en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas, según informa Europa Press.

El consistorio excluye los gastos de comunidad de vecinos del límite de los ingresos mensuales a partir del cual se hace cargo del arriendo, lo que dispara los pagos que deben afrontar las familias vulnerables del programa.

La Asamblea de Vivienda de Carabanchel y la familia han conseguido que la entidad, propietaria del inmueble, les conceda un alquiler social de 75 euros al mes, avalado por los activistas hasta que los afectados reciban el Ingreso Mínimo Vital. Relacionada: www.meneame.net/story/desahuciada-familia-cuatro-menores-pleno-estado-

Los Mossos desalojaron a Ruth Rebeca y sus hijos menores del piso que ocupaba en el barrio barcelonés de Ciutat Meridiana, pero la presión vecinal, mediática e institucional ha conseguido que les den un alquiler social. Este viernes por la tarde el BBVA ha aceptado que vuelva al piso con un alquiler social y ha reconocido que nunca debió practicarse el desalojo, puesto que se trata de una familia vulnerable. Ruth Rebeca ha pasado en pocas horas de ser la cara de la crueldad de los desahucios a un nuevo símbolo del 'sí se puede' de la pandemia

Los vecinos del edificio de la calle Tomás Bretón, ubicado en Pinto, están desesperados ante la situación que están viviendo. Hace siete años firmaron un contrato de alquiler con La Obra Social La Caixa en la que empezaron a pagando 450 euros/mes y, en estos años con las subidas, su cuota actual es de 615 euros al mes, a los que hay que sumar 50 euros de comunidad.

El real decreto-ley de medidas urgentes en materia de transporte, movilidad y vivienda, en el que se incluyen las condiciones de licitación del suelo público que Sepes pone a disposición de empresas privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social por un periodo máximo de 80 años, entrará en vigor mañana tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Consejo de Ministros extenderá este martes la moratoria del pago de hipotecas y del pago del alquiler a grandes propietarios; la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler en las mismas condiciones; la garantía de suministros energéticos; así como los créditos al consumo.

En pleno estado de alarma, la Obra Social La Caixa ha enviado una carta a tres familias que se beneficiaban de un programa de alquiler social, solo en el pueblo de Bustarviejo (Madrid) hay 29 en esta situación. La entidad reconoce que está ocurriendo en varios puntos del Estado.

El Banco de España ha detectado problemas de accesibilidad a la vivienda e ineficacias a nivel macroeconómico que pide aliviar mediante algunas intervenciones públicas en el mercado del alquiler, según se desprende de un análisis sobre el mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019 realizado por la Institución.

El Gobierno de Cantabria ha suspendido de forma extraordinaria el pago del alquiler a inquilinos de viviendas de propiedad directa del Ejecutivo regional que se hayan quedado sin empleo o hayan visto empeorada de forma "considerable" su situación económica por el coronavirus y ha adelantado las ayudas sociales.

El Ejecutivo de coalición PNV-PSE gestiona 23.000 viviendas, 8.000 de ellos de propiedad pública, por los que los inquilinos pagan una renta media de 226 euros. Se gestionan a través de la empresa pública Alokabide para ofrecerlos en el mercado del alquiler, que en el País Vasco ronda las 115.00 viviendas. Unos inmuebles, los gestionados públicamente, mientras que el precio medio en el mercado libre se sitúa en los 651, cantidad se eleva en las tres capitales, San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

A Elisabeth Montoya, de 31 años y 15 apuntada a la lista del paro, le retiraron la ayuda al alquiler tras empadronar a su pareja, con deudas municipales

La Comunidad de Madrid ha pasado por el filtro fact checking la insinuación del líder de Vox, Santiago Abascal, de que la mayoría de los beneficiarios de las ayudas de alquiler en la región son extranjeros. Y, según los datos oficiales de la Consejería de Vivienda, el resultado es que el 81% de los adjudicatarios en la última convocatoria son españoles y el 19% nacidos en otros países.

Desde 2013 el número de viviendas sociales en España no ha dejado de caer. De las casi 100.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que había en 1996 apenas quedan 8.000. Esta desaparición de las VPOs tiene una relación directa con la subida de los alquileres, algo que no pasa en países como Holanda, Reino Unido o Austria donde los precios del alquiler están más o menos regulados.Ahora quienes consiguieron una VPO hace más de una década ven como la venta de suelo público a fondos buitre se está viendo reflejada en el aumento de sus rentas.

Una persona de Podem Valls se habría puesto en contacto con ella ofreciéndole ayuda en la tramitación de un piso de alquiler social y dándola a firmar una documentación

El Govern aprobó ayer el decreto que le permite expropiar por un periodo de 7 años viviendas vacías en manos de grandes propietarios para ponerlas a disposición de demandantes de alquileres sociales.

El Gobierno estatal ha dado luz verde a la Ley de Vivienda balear que permite expropiar temporalmente los inmuebles vacíos a los grandes tenedores, descartando así que vaya a tener que pasar por el Tribunal Constitucional. El acuerdo correspondiente fue firmado ayer en Madrid por la ministra de Función Pública, Meritxel Batet, y el conseller de Territorio, Marc Pons.

Euskadi va a dejar de promover pisos sociales para la venta. En 2020 todas las promociones públicas serán para alquileres, habida cuenta de que de los 64.000 demandantes de vivienda social inscritos en el registro autonómico, 52.000 lo reclaman. No tiene vuelta atrás. La primera comunidad en considerar la vivienda un derecho subjetivo, y por tanto exigible dentro de unos requisitos de ingresos, ha diseñado una hoja de ruta respaldada por el Parlamento vasco. La meta es evitar que el precio del mercado libre de alquilerprovoque una burbuja

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de vivienda vacía de estos para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situ

Comprar un piso de unos 100 metros cuadrados en Madrid capital cuesta más de medio millón de euros. Concretamente, 5.188 euros por metro cuadrado. Pero alquilarlo no sale mucho mejor, comparativamente: el metro cuadrado asciende a 19,9 euros, es decir, casi 2.000 euros para un piso similar, o alrededor de 1.000 euros al mes si tuviera la mitad de tamaño (50 metros cuadrados).

Patricia Peinado, concejal del Partido Popular en Pozuelo de Alarcón e hija del juez Juan Carlos Peinado ha sufrido un acoso en redes sociales y medios de izquierda en relación a las investigaciones que su padre conduce sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Si hasta ahora podíamos usar sin problemas las conocidas aplicaciones de los teléfonos móviles que alertaban de la posición de los radares de velocidad en nuestro país, ahora la DGT comienza a perseguirlas. La noticia ha saltado porque el director de la DGT Pere Navarro, en declaraciones al Faro de Vigo, ha comentado que a partir de ahora se perseguirán todas aquellas actuaciones que pongan en peligro la seguridad de los agentes de la ley.

Paga 565 euros por una habitación con baño en suite. Los gastos (luz, agua e internet) son comunes y se dividen entre todos los inquilinos. "Aproximadamente pagamos 20 euros cada uno. Si hay alguna derrama inesperada el gasto también se asume a partes iguales", comenta.

Recopilación de crímenes de guerra israelíes publicados en las redes sociales.

Los referentes de la organización piquetera son los principales apuntados por el fiscal Gerardo Pollicita. “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, ¿y encima les tenemos que dar más cosas?”, la confesión de un dirigente a cargo de uno de los comedores

La presión social, según el movimiento de solidaridad con Palestina, consigue que dos barcos con material militar con destino a Israel no atraquen en España en 48 horas. El debate sobre el papel de España en el tránsito de armas hacia Israel se ha abierto.

El octavo caso destapado de infiltración policial en los movimientos sociales en los dos últimos años confirma las sospechas de que ha existido un programa de esta clase surgido del Ministerio de Interior con el más que probable objetivo de “formar” a agentes en situaciones de espionaje. Curtirlos en una práctica que exige control mental, templanza y altas dosis de disociación afectiva y personal en entornos aparentemente “suaves”. La perversidad de la práctica es más evidente cuando estos agentes y estas agentes inician o buscan relaciones

El jurado que le ha otorgado este galardón le ha reconocido como uno de los mayores expertos en los procesos nacionalistas modernos por realizar un análisis de los problemas políticos concretos "siempre desde las exigencias normativas propias de los sistemas democráticos".