A sus 95 años, la mujer tuvo que ser internada en una residencia con un grado máximo de dependencia y su familia se vio en la obligación de poner en alquiler el inmueble para poder hacer frente a todos los gastos. Lo curioso de todo este asunto es el perfil de los okupas: una pareja de empresarios que lleva a su hijo mayor a una de las mejores universidades privadas de Madrid y a su hija pequeña a un colegio, también privado, no apto para todos los bolsillos.

Aceptar una plaza en una residencia privada supone un desembolso económico que duplica con creces el importe de la pensión de jubilación media en Lugo, fijada este año y tras la subida en 912 euros. Pensión que, en el caso de las mujeres -la mayoría de las usuarias de las residencias- todavía es mayor. Esta situación obliga a los dependientes y a sus familias a tirar de los ahorros, en caso de que los haya.

En el protocolo de residencias, quedaban excluidas aquellas personas que solo se consideraban unas cargas para la sociedad y que producían gasto, las que no podían levantar la voz, las que no tenían voz con la que clamar ante la opinión pública

La parlamentaria del BNG ha explicado que el personal del centro, que se ve "sobrecargado", cuenta que "algunos usuarios bajan sin asearse a almorzar o, directamente, ya no bajan porque solo dos auxiliares deben levantar, asear y vestir a un total de 30 residentes dependientes". "Reúnanse con la empresa y los representantes de los trabajadores", ha solicitado Rodil a la secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social, María Francisca Gómez Santos.

La mujer, investigada por presuntamente asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos, entregó dos días después del crimen y horas antes de ser detenida su currículum para trabajar en una residencia de mayores en el municipio toledano de Bargas.

La Fiscalía ha pedido 5 años de cárcel para la gerente de una residencia de ancianos, a la que se acusa de apropiación indebida y agravada, y para un hombre acusado de estafa agravada de la que fue víctima una anciana que sufría deterioro mental. En el caso del hombre se solicita la devolución de 22.200 euros, mientras que a la mujer se le reclaman 222.000, cantidades de las que se apropiaron aprovechándose del deterioro mental de una anciana ingresada en una residencia situada en Candelaria (Tenerife)

Un matrimonio catalán ha dejado una importante huella económica tras su muerte. Joan Bonada y Núria Enrich era una pareja de catalanes que consiguieron ganar mucho dinero gracias a la creación de un negocio de imprenta en Venezuela, todavía en funcionamiento. La pareja ha decidido dejar siete millones de euros como herencia al Hospital de la Cerdanya y a una residencia de ancianos de Puigcerdá (Girona).

«El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados», explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Para la organización de defensa de los derechos humanos, es necesaria la reapertura de los casos..

El 18 de marzo de 2020, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso daba luz verde al texto sobre el que cimentaría uno de los mayores escándalos de la gestión de la pandemia sanitaria. El Protocolo de la vergüenza encerraba un propósito demoledor: bloquear el traslado hospitalario de miles de mayores enfermos que vivían en residencias. "Hoy hace 1.000 días que el Gobierno Ayuso aprobó el Protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. 7.291 murieron sin recibir atención médica (5.795 con covid)".

El director de este centro calcula que, como mucho, de los cien mayores que viven allí solo doce se irán con sus familias a pasar la Navidad y suplica que se les escriban felicitaciones...

Los motivos esgrimidos por parte de la consejería son incumplimientos reiterados de la normativa, al carecer de director, no contar con personal específico de limpieza y no tener reglamento de régimen interior visado. De ejecutarse el cierre, se trataría la segunda clausura de un centro geriátrico de mayores en el Principado este año, tras la residencia de La Pedrera, en Gijón.

...En su resolución, el juez llega a afirmar que, a la vista del informe pericial, "la derivación o no de la paciente a un centro hospitalario en ningún caso influyó en su fallecimiento: no lo hubiese evitado de ningún modo". Añade que aún entendiendo que pudiera haber existido un "nexo causal-natural" entre la conducta de los denunciados y la muerte de la mujer -algo que en principio rechazaba un informe pericial-, en ningún caso ello acredita que lo ocurrido fuera fruto de la dejación, abandono, descuido o de absoluta impericia de los respo..

“Tengamos memoria. Hoy hace 969 días que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó los ‘protocolos de la muerte’ que impedían llevar a los miles y miles de residentes mayores infectados por coronavirus -y que tenían dependencia-, a los hospitales públicos. Pero mira por dónde, si tenían un seguro privado, sí les sacaban de las residencias. Por ello, vamos a rendir un fuerte homenaje a todos los que fallecieron injustamente en la pandemia del coronavirus”.

El brote, declarado en agosto, parece haber tenido un primer caso de sarna en junio, afectando a una usuaria que falleció en el hospital en julio. La Consellería de Política Social, tras el requerimiento de Galiciapress, insiste en que actuó "como corresponde" en el brote de sarna que afectó, según las cuentas oficiales, a dos usuarios del centro.

No han pasado ni dos años desde ese dramático enero de 2021 en el que murieron 788 personas en las residencias de mayores de España por causa de la COVID-19. Entonces (y ya con anterioridad), los gobiernos autonómicos intervenían de urgencia estos centros y prometían cambios estructurales en el sistema cuando la tragedia diera un respiro. Pero lo que hoy es perentorio, rápidamente se torna en postergable. Las promesas y necesidades apremiantes languidecen con pasmosa celeridad, nuevos problemas desplazan a los anteriores.

La dirigente madrileña defendió este jueves en la Asamblea de Madrid su gestión en las residencias en general y en concreto las del municipio del sur de Madrid. Además, cargó en su intervención contra Podemos Alcorcón. Santos Gimeno ha replicado el “justo ese día” de Ayuso, junto al momento de su intervención, para abrir un hilo con cuatro noticias que hablan de la situación de las residencias en Alcorcón.

Las trabajadoras de un hogar de mayores de la Comunidad de Madrid hablan de su hartazgo por una falta de personal que les impide dar una atención digna: “Tienen que desayunar en las camas llenos de orines”. Se suponía que la calidad de la atención en las residencias de mayores iba a mejorar tras la pandemia de coronavirus, pero en la pública de Alcorcón perteneciente a la Comunidad de Madrid todo va a peor, según trabajadores y familias de este centro de 218 plazas en el sur de la región.

En concreto, la asociación ha tenido conocimiento a través de las denuncias públicas de sindicatos como CCOO de Madrid, que en la Residencia y Centro de Día Parque de Los Frailes, ubicada en la ciudad de Leganés, los montacargas de cocina llevan averiados más de dos años y hay goteras en todo el edificio. También, desde el sindicato han puesto de manifiesto que hay continúas averías en la lavandería que hace que se acumule la ropa sucia en los pasillos y escasez de toallas limpias que impiden la correcta higiene de los residentes

Se trata de un lamentable incidente que afecta a una mujer de 87 años, que se encuentra fuera del país en un viaje a Toronto debido a una emergencia familiar y a la que unos intrusos han saqueado y okupado ilegalmente su vivienda,

El Gobierno pretende perfilar estrategias de promoción y gestión de los flujos de visitantes en función del impacto sobre la población. El Gobierno de España pulsará la opinión de los ciudadanos baleares sobre la masificación turística y el impacto negativo que consideran que tiene en sus vidas el crecimiento experimentado en los últimos años por el principal motor económico de la comunidad y de todo el país.

He remitido a la @fiscal_es carta exigiéndole que me llame a declarar como hija de víctima de los #ProtocolosDeLaVergüenza. La fiscalía debe de llamar a declarar a las familias de las víctimas que exigimos investigación y justicia.

El PSOE de la Comunidad de Madrid llama a la ciudadanía a denunciar la situación de las residencias de mayores en la región. Y lo hace con una campaña para que usuarios y familiares puedan enviar información sobre el estado de estos centros bajo el lema “lo que Ayuso oculta”. Así, ha habilitado un mail y un teléfono para que quien quiera traslade sus quejas a este respecto.

El joven lo mató a golpes dentro de una farmacia. Le faltaban 12 días para cumplir los 18 años.

A través de un vídeo, describe cómo salió corriendo de su vivienda para llamar al timbre del hombre, residente del edificio de enfrente, e increparle por su actitud

La Guardia Civil investiga si los delincuentes son los mismos que han asaltado a una quincena de vecinos en las pedanías de Valencia y las localidades de Benimuslem y Sol.

En abril de 2020 el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad se dirigió a la Abogacía de Madrid para preguntarle si las residencias privadas debían recibir algún pago por el traslado de mayores a sus centros durante el estado de alarma. La conclusión de la Abogacía fue que no procedía hacer ningún abono a estos centros, pero la Comunidad de Madrid ignoró esta apreciación y les indemnizó igualmente. "Creo que es momento de que la Justicia entre a investigar todo esto", afirma Martín.

Los familiares de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid nos piden colaboración para difundir esta Carta Abierta donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al CGPJ que intervengan sin demora.