El Consistorio tendrá que readmitir a la empleada y abonarle una indemnización de 6.251 euros por los daños morales causados

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado nula la resolución de la Consejería de Sanidad de noviembre de 2020 por la que se decretó el cierre del interior de los establecimientos de hostelería, amparándose en que la orden venía respaldada por el real decreto de estado de alarma que finalmente fue declarado inconstitucional el pasado mes de octubre por el Tribunal Constitucional.

El sorteo de los octavos de final de la Champions League tendrá que que repetirse por culpa de graves errores de uno de los comisarios de la UEFA a la hora de seleccionar los posibles rivales de Villarreal y Atlético de Madrid.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la empresa para justificar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo en mayo de 2020. Entre otros argumentos, el alto tribunal confirma que existió el fraude de ley denunciado por los sindicatos, resulta patente la mala fe patronal en la negociación, como señala la sentencia recurrida y asume plenamente esta Sala

Un juzgado de lo Social de Bilbao ha declarado nulo el despido de una trabajadora de un centro de atención a personas dependientes de Vizcaya por negarse a recibir la vacuna contra la Covid-19. En el análisis de las pruebas aportadas, el Juzgado determinó que el despido por causas disciplinarias tiene solo apariencia disciplinaria y que lo que subyace tras esa apariencia es una decisión empresarial de extinguir el contrato porque esta trabajadora no se ha vacunado.

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a una empresa a readmitir a una trabajadora a la que despidió por estar enferma, a pagarle los salarios desde el despido y a indemnizarla con 18.077 euros, ha explicado el TSJC en un comunicado este viernes.

“El despido del trabajador es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor, condenando a la demandada al abono de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado”, recoge el fallo. Se trata de una cuantía que alcanza los 32.361 euros. Además, la sentencia establece que la productora tiene que hacer frente “a la indemnización adicional por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor en la cuantía de 50.000 euros”.

La jueza evidencia que productora del programa buscó "sacar rédito empresarial de un despido" que fue comunicado a través de la televisión al propio afectado. Ahora, y tras verse las caras en los juzgados en dos ocasiones, existe ya una primera sentencia en favor de Antonio David: el despido del trabajador es declarado nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor

En muchas ocasiones, las únicas pruebas o indicios que tiene el trabajador de un acoso, de una represalia, de unas horas extras ilegales o de la realización de funciones superiores son las grabaciones de llamadas o conversaciones y los mensajes o audios de whatsapp o aplicaciones similares.

Una recentísima sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado que el derecho fundamental a la indemnidad sigue existiendo tras finalizar la relación laboral. Este derecho significa que las represalias que sufra el trabajador a consecuencia de demandar o denunciar a la empresa deben ser anuladas e indemnizadas por los tribunales. El derecho fundamental a la indemnidad es violado por la empresa no solo cuando despide al trabajador por haberla demandado o denunciado previamente sino también por falta de contratación posterior por la misma causa.

La doctrina europea sobre los despidos estando de baja dice, en resumen, que en principio un trabajador enfermo o de baja no puede considerarse un discapacitado y por tanto el despido estando enfermo o de baja no es discriminación por ser discapacitado. Excepto si a fecha de despido se pudiera presumir o sospechar que la baja o enfermedad pudiera no presentar una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo o que pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento, que era el caso del trabajador.

Tras 146 días de huelga y después de que el 22 de junio el Superior de Justicia del País Vasco dejara vistos para sentencia los 128 despidos de Tubacex en sus plantas de Llodio y Amurrio, las dos salas del Tribunal que han analizado el ERE han señalado en dos sentencias que los despidos son nulos.La decisión supone un serio revés para la empresa que se vería obligada a readmitir a los trabajadores y pagarles las cantidades que les correspondieran desde el despido. Tubacex podría presentar recurso contra las sentencias

El juez que firma la resolución, declara nula la actual regulación sobre el régimen indemnizatorio del despido improcedente. En su opinión, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, “aparentemente vigente”, vulnera el artículo 10 del Convenio OIT, que entró en vigor para España en 1986. El juez dictamina que la ley no puede dejar esta opción en manos del empresario incumplidor. De esta forma, se igualarían los efectos entre el despido improcedente y el nulo (reservado para ceses discriminatorios u otra vulneración de derechos fundamental

La empresa argumentaba una crisis estructural en el sector aeronáutico, pero se amparaba en la situación coyuntural de la epidemia para practicar un despido colectivo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha declarado nulo al razonar que el marco jurídico establecido en la pandemia el que debe predominar en los ERE actuales.

Aplica la doctrina jurisprudencial europea relativa a la discriminación refleja y subraya que al trabajador "se le trató de manera menos favorable (se despide) por motivo de uno de los rasgos o características protegidos (el parto o nacimiento de un hijo), que, pese a no concurrir en sí mismo (ni ha estado embarazado ni ha dado a luz) el motivo del trato menos favorable, se ha fundamentado en dicha característica, pues, precisamente, su despido se produjo por el hecho del parto de su mujer y de todas las consecuencias que se podrían derivar

El permiso existe porque así lo dispone específicamente el art.37.3.d ET, aunque al encargao de tu empresa le joda o no le venga bien. Por eso las elecciones se suelan convocar en domingo, para evitar gastos empresariales en forma de horas de permiso retribuido y sobre todo para evitar que haya trabajadores que no voten por no atreverse a usarlo.