Pese a la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba que los repartidores de las empresas de plataforma debían ser considerados trabajadores por cuenta ajena, pese a las inspecciones de trabajo con sus correspondientes sanciones, la empresa española Glovo ha continuado realizando las mismas prácticas de contratación ilegales. Se les acusa de delitos de estafa, defraudación a la hacienda pública y a la Seguridad Social, así como a los derechos de los trabajadores.

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha prorrogado el acuerdo de colaboración con la Fundación Altius, vinculada a los Legionarios de Cristo, y con Glovo para la gestión y distribución de los comedores sociales públicos de la región. El pasado 28 de agosto, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales renovó el convenio que establece las condiciones para garantizar este servicio a las personas vulnerables.

Voy a aprovechar para hacer un hilo de las cosas que me han dicho repartiendo bajo la lluvia (yo iba en moto de empresa, una de juguete, reventada y sin dibujo en las ruedas ya) [twitter: Agent3_14: ]

los policías entraron sin autorización en un piso de Valdepasillas, agredieron a cuatro personas que se encontraban en el interior y detuvieron a dos de ellos. La acusación también considera que las víctimas fueron vejadas y que los agentes mintieron posteriormente para ocultar estos hechos. Una de las pruebas más importantes en el proceso legal serán dos vídeos grabados en los que se puede apreciar que acceden por la fuerza cuando el propietario trataba de cerrar la puerta

El ex primer ministro Boris Johnson afirmó que, a partir del 1 de enero de 2022, "cualquiera que entre ilegalmente en el Reino Unido" podría ser reubicado en Ruanda. Pero en caso de que el plan de Ruanda fracase, se dice que el gobierno está en las primeras etapas de un"Plan B" radical, que prevé el traslado de 4.000 inmigrantes ilegales a la isla de Ascensión, en el Atlántico Sur.

La Asociación Unificada de Riders demanda a la empresa por bloquear la cuenta de varios repartidores "sin motivo" y remarca que los afectados tienen 20 días para reclamar. "Hay muchísimas cuentas alquiladas a migrantes sin papeles, puedes ganar más de 600 euros al mes", explica un repartidor

Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que si Glovo no modifica su comportamiento, se remitirá la documentación a la Fiscalía para que tome las medidas legales pertinente. La reciente modificación del Código Penal establece la posibilidad de que los responsables de empresas que imponen condiciones ilegales a sus trabajadores pueden ser condenados con penas de cárcel que van de los seis meses hasta los seis años.

La Sala de lo Penal zanja que no hay base para castigar con penas de cárcel por resistencia o desobediencia porque la orden de no poder salir a la calle fue «antijurídica»

En España hay un caso bastante preocupante de dinámica de competencia. Se aprueba una ley rider, que afecta a la parte del negocio logístico, la más difícil de rentabilizar, y determina con meridiana claridad cuál es el modelo laboral que los operadores tienen que utilizar como presunción. Y eso tiene un coste. Nosotros ya lo usábamos porque era el modelo de menor riesgo legal. La sorpresa es que con una ley aprobada, inspecciones de trabajo y multas, unos siguen utilizando un modelo de contratación de autónomos, bajo el argumento de que cambia