Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que si Glovo no modifica su comportamiento, se remitirá la documentación a la Fiscalía para que tome las medidas legales pertinente. La reciente modificación del Código Penal establece la posibilidad de que los responsables de empresas que imponen condiciones ilegales a sus trabajadores pueden ser condenados con penas de cárcel que van de los seis meses hasta los seis años.
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