El Gobierno de Pedro Sánchez obligará a la Junta de Castilla y León a replantear el impuesto que aplica desde el pasado mes de noviembre a Nuclenor, la empresa propiedad de Endesa e Iberdrola que gestiona la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, a cuenta del riesgo ambiental derivado de la generación y acumulación en la zona de los residuos nucleares generados por la instalación.
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