la RFEF conocía desde desde junio de 2022 que la Fiscalía estaba investigando al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Nueve meses antes de que el caso sacudiese a la opinión pública, la Federación recibió un requerimiento de información del Ministerio Público. Una de las cuestiones a aclarar por la Fiscalía era si el cargo que depende de la RFEF le permitía cobrar al mismo tiempo de un club sometido a su propia disciplina. La RFEF habría contestado que no había incompatibilidad.
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