Su objetivo es que los trabajadores que prolonguen su actividad laboral varios años más de lo que lo hacen ahora, con el fin de que sigan cotizando al tiempo que aplazan el cobro de su pensión. Sin embargo, su iniciativa, similar a la que se está aplicando -o se aplicará- en el resto de los países europeos, puede encontrarse con un obstáculo importante: la edad es determinante en el número de bajas por incapacidad temporal y su duración, lo que supone un elevado coste para el sistema y las empresas.
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