Un informe concluye que "parece evidente que es el usuario el que está soportando el recorte de la financiación pública de la dependencia". El texto destaca que algunas comunidades no reconocen la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva. Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, así como en Asturias superan los 300 días de retraso
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