Si un ayuntamiento decide cambiar la modalidad de gestión de un servicio para asumir su gestión directa, debe seguir el procedimiento previsto legalmente, que garantiza los derechos que, en su caso, deban ser expropiados. La profesora Magaldi, en su intervención, recordó, por su parte, la existencia de las dos Directivas de la Unión Europea que obliga a la Administración pública española a explicar las razones por las que se ha decidido cesar en la prestación de un servicio, transfiriéndolo a una empresa pública.
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