examinado con objetividad el texto, el contexto y los actores del acuerdo reformador, no hay motivo serio que oponer a su aprobación, tal cual, por parte de la Cámara. Lo contrario supondría un dislate de consecuencias sociales, económicas y políticas que es mejor no mentar. Solo aquellos que juegan con fuego al “cuanto peor mejor” pueden estar tentados en su rechazo. Solamente con recobrar por ley la ultraactividad de los convenios ya justificaría una reforma.
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