El programa de reducción de condena a cambio de control de la natalidad es una idea del juez Sam Benningfield, a cargo de cuestiones civiles generales de los tribunales con sede en la ciudad de Sparta. [...] La Unión por los Derechos Civiles de los Estados Unidos (ACLU) denunció el programa: "Ofrecer una presunta 'elección' entre pena de prisión y anticoncepción/esterilización forzadas es inconstitucional. Semejante elección viola el derecho constitucional fundamental a la autonomía reproductiva y la integridad del cuerpo".
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