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Sanidad explica que hay una objeción de conciencia "generalizada" en todo el sistema de salud público regional para no realizar estos procedimientos. Sin embargo, la legislación nacional dice “que la objeción de conciencia debe ser individualizada y no permite que objete un servicio completo”, explica en declaraciones a este diario Francisca García Gallego, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) a la que pertenecen las dos clínicas castellanomanchegas que practican abortos.
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