No deja de sorprender que se haya negociado infringir la legalidad internacional bajo la supuesta promesa marroquí de dejar de desafiar la integridad territorial de España. Lo cierto es que tras esta explicación subyacen varios factores: el control migratorio, la presión de los aliados occidentales, la cooperación en materia de seguridad y una tupida red de intereses económicos. De facto, los diversos Gobiernos españoles ya habían asumido una postura a favor de la posición magrebí respecto al Sáhara.
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