La propuesta de ley del M5s prevé que las autoridades estatales, regionales o locales y las autoridades de garantías, regulación o vigilancia serán incompatibles con la propiedad o la disponibilidad incluso en el extranjero por parte de los sujetos, incluídos cónyuges o familiares hasta segundo grado de un patrimonio por valor de más de 10 millones de euros. Tampoco podrán acceder a esos cargos los que tengan más de un 2% de acciones en empresas concesionarias del Estado, en régimen de monopolio o que operen en radio, televisión o prensa.
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