El Gobierno obligará a quienes se dediquen a la docencia a presentar certificación de antecedentes penales, de no haber sufrido condena por delitos sexuales. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores...
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