El juez Florencio Rodríguez Ruíz, que desde septiembre de 2015 instruye el caso de la supuesta mordida de 200.000 euros que el PP de Castilla La Mancha habría recibido de la empresa Sacyr para financiar la campaña electoral de 2007 de María Dolores Cospedal a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de la ciudad de Toledo, ha prorrogado la investigación y llama a declarar, entre septiembre y octubre, a seis nuevos testigos, entre técnicos y miembros de Sacyr y Sufi.
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