Organizaciones de derechos humanos en Filipinas han expresado su preocupación por la inminente aprobación en el Congreso de una nueva ley antiterrorista, que consideran que busca perseguir a los críticos del gobierno y castigar tanto el disenso como el activismo político. La Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP, en inglés) advirtió de que la ley es "la última pieza del puzzle" que el gobierno de Rodrigo Duterte necesita para imponer una ley marcial, con la que ha amenazado en varias ocasiones.
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