El pasado 30 de mayo el Parlament aprobó una moción sobre precariedad con un punto sobre nuestra situación laboral en que se especificaba la necesidad de “realizar, antes que finalice el presente año, un estudio sobre supuestos de fraude de ley en la contratación del profesorado asociado de las universidades públicas catalanas” y de tomar medidas en consecuencia. Sin embargo, la abstención de los dos partidos del Govern deja bien claro que esta no será una prioridad del Ejecutivo de Quim Torra.
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