La norma 'uberiza' el funcionamiento de este servicio para ponerlo a competir con las plataformas VTC. El equipo de Gobierno asegura que lo moderniza, mientras los profesionales y la oposición advierten de que el sector queda sometido a la falta de "seguridad jurídica" dado que dos artículos de la ordenanza están en manos de la Justicia, entre ellos el precio cerrado y el taxi compartido.
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