La querella que no fue a ninguna parte contra los jueces franquistas que habían formado parte de tribunales que aplicaban la Ley de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad Social ha costado a los barceloneses un total de 33.275 euros, según la documentación en poder de Metrópoli Abierta. La querella fue interpuesta a comienzos de noviembre del 2018 e impulsada por la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales, capitaneada por Jaume Asens. Pero tanto su redacción como su presentación no corrió a cargo de los servicios jurídicos del consistorio,…
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