El Gobierno Central duda sobre el encaje que una medida de este tipo podría tener en el marco europeo, donde rigen el principio de libertad de circulación y de residencia, y el derecho a la propiedad privada. De salir adelante, la iniciativa que el Parlament balear aprobó la semana pasada para limitar la compra de viviendas a los no residentes o a quienes llevan menos de cinco años afincados en el archipiélago colisionaría de lleno con el derecho europeo y con la Constitución española.
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