La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a un total de 2 años y 5 meses de prisión, multa de 9 meses con una cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la profesión de jefe de obra durante el tiempo de la condena. Abono de las costas procesales.
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