Serunion y Albie reciben más de 30 millones de euros públicos desde 2014 por el suministro de alimentos de estos centros mientras persisten las denuncias por comida en mal estado. Una investigación de la ONG Refugee Action conmociona estos días Reino Unido: personas refugiadas bajo tutela del Estado y que se encuentran hacinadas reciben amenazas directas del personal que las atiende cuando critican las pésimas condiciones de vida o la calidad de la comida que reciben. En España este es un asunto poco conocido que también denuncian.
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