La Comisión Europea aprobó a finales del pasado abril la propuesta de una directiva para proteger a los 'whistleblowers', o denunciantes de corrupción. Todo un salvavidas para un colectivo que, sin embargo, mira con recelos esta iniciativa. No les convence del todo. Y es que, en su opinión, tiene importantes lagunas. Así lo asegura la Plataforma por la honestidad, que considera que se trata de una “norma de mínimos” que “solo se aplicaría a quienes estén sujetos a una relación laboral”.
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