Más de un millar de pozos ilegales situados en zonas forestales del entorno de Doñana suponen un alto riesgo de incendio por las precarias instalaciones eléctricas usadas para bombear agua del acuífero. Ecologistas alertaron de ello en 2012 y la Junta de Andalucía lo admitió en 2014, pero no se ha clausurado cautelarmente ni un sólo pozo por esta causa.
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