El PP debe decidir si, tras el estallido de la operación Lezo, persiste en entender que su reputación queda a salvo con la sanción a los directamente responsables y con la dimisión de Esperanza Aguirre o, por razones de acumulación (Correa, Taula, Bárcenas, Púnica) y otras cuantitativas y cualitativas, ha de abordar una estrategia de recuperación de las siglas del partido que ya se están vinculando en la calle con la corrupción. Eso es así, se reconozca o no, sea justo o injusto –probablemente lo es–, resulte duro o difícil de admitir.
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