Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han dado el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional al Gobierno en funciones, por haberse negado al control de la Cámara. En concreto, la oposición al completo ha presentado en el Registro del Congreso un escrito de “propuesta de planteamiento de conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación”
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