En este proceso, la organización ecologista denuncia cómo la falta de diligencia o la obstrucción judicial impidieron que varios altos funcionarios se sentaran en el banquillo, a pesar de las pruebas de los delitos de prevaricación y falsedad documental. Los representantes de la plataforma también se reunieron con representantes de la misión española en la ONU para trasladarles el malestar que el Gobierno del estado defiende de lasviolaciones sistemáticas del Convenio de Aarhus por parte de la Xunta.
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