En el requerimiento que Òmnium ha enviado al Ministerio del Interior se hacen constar los datos personales del policía infiltrado durante dos años en el SEPC, en Resistim al Gòtic y en el Casal Popular Lina Òdena, y se destaca que la operación policial de espionaje no tenía “ni cobertura legal ni constitucional” y que se habrían vulnerado al menos dos derechos fundamentales: el derecho a la intimidad y el derecho a la libre asociación.
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