El organismo busca cerrar los vacíos jurídicos que permiten a empresas como Apple y Google, entre otras, saltarse pagos en los países donde operan y privan a los erarios de por lo menos USD 100.000 millones al año. La iniciativa surge tras años de polémicas sobre los impuestos ínfimos que pagan empresas multinacionales gracias a brechas legales y argucias contables, cuando no a la transferencia lisa y llana de fondos a paraísos fiscales.
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