Los políticos son los primeros que no creen en las instituciones. O al menos sólo creen en ellas cuando las circunstancias les favorecen. Si no es el caso, ignoran lo que dice la ley, su espíritu y lo que ellos mismos dijeron tiempo atrás. El PP se considera amo y señor del constitucionalismo –con independencia de lo que eso signifique– y ahora se niega a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a pesar de que está pendiente desde finales de 2018.
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