La puerta de una de las viviendas del este edificio del principio de la calle Londres está abierta de par en par. “¿Hay alguien ahí?”, grita el cabo de la Guardia Urbana desde el rellano. Son las nueve de la mañana. Alí y su madre aparecen somnolientos. Luego lo hacen una anglosajona, una africana y un sudamericano. “Ustedes están en un piso turístico ilegal –les dicen los inspectores del Ayuntamiento–. Vamos a precintarlo”. Los turistas protestan, dicen que lo alquilaron por Airbnb, que pagaron 23 euros por noche.
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