La legislación autonómica obliga a abrir expedientes para aclarar si los altos cargos y los empleados públicos sospechosos de haber incurrido en conflictos de intereses han cometido esa conducta, un procedimiento que, al margen de otras posibles sanciones en función de la gravedad de los hechos y de sus consecuencias, se cierra con una declaración en ese sentido que se publica en el boletín oficial de la comunidad, el BOA, y que queda como mancha en el historial del afectado.
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