Justicia ha anunciado que encomienda el trabajo a los registradores mercantiles, pero el Colegio Oficial rechaza este movimiento. Los ciudadanos siguen obligados a registrar nacimientos, defunciones o matrimonios y los trabajadores temen que se pierdan más de 2.000 puestos de trabajo al amortizar plazas. "Los registradores de la propiedad dijeron que no lo harían gratuitamente pero los mercantiles han dicho que sí", justifica el ministerio, pero el decano de estos funcionarios lo niega.
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