El control de la actividad de las empresas multinacionales fuera de sus países que albergan la sede social ha sido una preocupación para las instituciones internacionales desde hace muchos años. Naciones Unidas ha encabezado la batalla por establecer normas que impidan que estas compañías, filiales suyas o proveedores conculquen los derechos humanos en su actividad, bien sea originando una contaminación más allá de lo permisible, con prácticas laborales de esclavitud o trabajo infantil.
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