Los gobiernos de Andalucía y de Madrid rompen la tónica de las comunidades al disparar en 340 y 230 millones su volumen de pagos pendientes con las empresas y autónomos que les suministran bienes y servicios, una tendencia a la que también se ha sumado el ayuntamiento de la capital añadiendo 47 millones a un boquete de 132.
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