A finales de 2016, la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 99% del PIB. Sin embargo, esa distribución no era uniforme en el territorio español: y es que 22 de esos 99 puntos son imputables a la deuda autonómica y, por consiguiente, varían según la región en que residan los ciudadanos. O dicho de otro modo, existe un tramo de deuda pública que es común a todos los españoles y otro que depende de la autonomía específica en la que se habite.
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