Recibir subvenciones públicas por encima de los 100.000 euros - una circunstancia que cumple la inmensa mayoría del tejido empresarial doméstico - no obligará a las empresas a tener que publicar en su web la retribución que perciben sus directivos, el grado de ejecución de sus proyectos presupuestarios o los informes externos de auditoría que encarguen. El Ministerio de Hacienda ha decidido finalmente atender las quejas de la patronal y modula el criterio de Transparencia de extender a las empresas la obligación de hacer públicos esos salarios.
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