Las consecuencias de las cancelaciones de pedidos y pagos retenidos han recaído directamente sobre las trabajadoras textiles, la mayoría mujeres y muchas menores de edad. Las fábricas cerraron en marzo sin previo aviso y dejaron en la calle a más de dos millones de personas sin cobrar el salario correspondiente. El Gobierno ha autorizado la apertura de las fábricas desde finales de abril y actualmente hay más de mil en funcionamiento, pero no garantizan las medidas de seguridad ante el coronavirus.
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