La crisis económica asociada a la pandemia y el carrusel de cambios normativos ligados a esta han disparado la conflictividad laboral y, con ella, el volumen de litigios judiciales para acercarlo a los niveles que alcanzó en el anterior crash: más de 250.000 empleados demandaron a las empresas para las que estaban trabajando por impagos y sisas salariales y por despidos que consideran ilegales en los primeros doce meses de emergencia sanitaria.
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