En un escrito, la asociación solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid la comparecencia de Sanz, que está acusado por 268 religiosas de realizar ventas irregulares del patrimonio de la institución por 12,7 millones de euros. Las misioneras, que piden citar a otras tres personas más como investigadas, les acusan de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental, estafa y usurpación de la personalidad.
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