Lo relevante de la declaración de Granados es que confirma líneas de investigación que ya estaban en el caso Púnica, como la financiación de las campañas autonómicas a través de empresas públicas como el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid y otras privadas como Swat o el laboratorio de Almagro, y revela otras nuevas que tendrán que ser corroboradas en próximas diligencias y que apuntan a subvenciones irregulares a través del Consorcio de Turismo de Madrid, Promomadrid y el Instituto Madrileño de Desarrollo
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