Las empresas de la provincia de Málaga han sido sancionadas a pagar 2,7 millones de euros por haber cometido fraude con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el mecanismo ya contemplado en la ley española que se flexibilizó con el estallido de la pandemia buscando que las compañías no despidiesen a sus trabajadores por la crisis.
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